Diccionario-Juridico-Sobre-Seguridad-Social-PDF.pdf - DICCIONARIO JURiDICO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ISSSTE I MS5 UNIVERIVIDAD KAOONAL AUT\u00d3NOMA DE M\u00c9XICO

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Unformatted text preview: DICCIONARIO JURiDICO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ISSSTE I MS5 UNIVERIVIDAD KAOONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DICCIONARIO JURIDICO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie E: Varios, núm.62 Edición al cuidado de Miguel López Ruiz Formación en computadora: José Antonio Bautista Sánchez DICCIONARIO JURÍDICO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ISSSTE I MSS MÉxico, 1994 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Primera etrsción: 1994 DR (e) 1999. Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria, 09510, México, D. F. INsrrruro DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Impreso y hecho en México ISBN 96836-9000-1 LISTA DE COLABORADORES ADAME GODDAFtD, Jorge HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Pilar ALQUICIRA LÓPEZ, Amado KURCZYN VILLALOROS, Patricia ANZURES ESPINOSA, Reyes Teodoro LARIOS DÍAZ, Enrique ANZURES MARTÍNEZ, Arturo LÓPEZ MONROY, José de Jesús ARAIZA VELÁZQUEZ, Jaime MARQUET, Porfirio ARIAS LAZO, Agustín MARTÍNEZ, Paloma ARREOLA, Leopoldo Rolando MÉNDEZ SILVA, Ricardo BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago MONTERO DUHALT, Sara BAUTISTA, Gilda MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia BUEN LOZANO, Néstor de MUÑOZ RAMÓN, Roberto BUNSTER, Álvaro NAVA NECRETE, Alfonso CARBALLO BALVANEFtA, Luis No LASCO GUTIÉRREZ, Carmen CARMONA MARTÍNEZ, Jesús OSORNIO CORRES, Francisco Javier CAZARES GARCÍA, Gustavo OVALLE FAVELA, José DÁVALOS, José PADILLA, Raúl GARCÍA AVENDAÑO, Adolfo PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía GARCÍA SÁINZ, Ricardo PÉREZ DUARTE Y N., Alicia Elena GAXIOLA MORAILA, Federico José PINEDA, Fanny GONZÁLEZ, Ma. del Refugio RAMÍREZ R.EYNOSO, Braulio GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel REYES RAMÍREZ, Miguel S. LISTA DE COLABORADORES RIESTRA CÓRDOVA, Héctor Gastón SARIÑANA OLAVARRfA, Enrique RIESTRA GAYTAN. Emma SOMOHANO RINCÓN, Herminio Mos ESTAVILLO, Juan José SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL ISSSTE ROSALES BLANCA, Jorge J. UNA, Ana Rosa SALAZAR, OCtavi0 TENA SUCK, Rafael SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo VALLES FAUDOA, Mit-raíl] SÁNCHEZ LUNA, Gabriela VÁZQUEZ ALFAR°, José Luis SANDOVAL HERNÁNDEZ, Sergio WILFREDO PADILLA, Raúl LISTA DE ABREVIATURAS a. artículo aa. artículos C. Constitución CC Código Civil CCo Código de Comercio CFF Código Fiscal de la Federación CFPC Código Federal de Procedimientos Civiles CP Código Penal CPC Código de Procedimientos Civiles D. F. Distrito Federal D. O. Diario Oficial de la Federación FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fr. fracción frs. fracciones FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ISSFAM Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas • LISTA DE ABREVIATURAS XVI ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LFT Ley Federal del Trabajo I ISSFAM Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas LISSSTE Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal LSCS Ley sobre el Contrato de Seguro LSS Ley del Seguro Social OIT Organización Internacional del Trabajo OMS Organización Mundial de la Salud ONU Organización de las Naciones Unidas P. página PP- páginas SAR Sistema de Ahorro para el Retiro SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación TFF Tribunal Fiscal de la Federación Diceiortar o Jurídico sobre Seguridad Social, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el día 6 de octubre de 1994 en los talleres de Impresos Chávez S.A. de C.V. En esta edición se usó papel cultural 70x95 de 50 kg. para las páginas interiores y cartulina couche cubiertas de 162 kg. para los forros. Consta de 2000 ejemplares. PRESENTACIÓN México, como integrante de la comunidad internacional, vive inmerso en los devenires que los actuales tiempos políticos, sociales y económicos están marcando en las nuevas pautas de trabajo y apoyos. Parte importante de estas nuevas configuraciones de trabajo y apoyo son los sistemas de seguridad social, los cuales, con desarrollos novedosos y estructurales, van prestando una mayor atención a un cada vez más numeroso grupo de sujetos. Ante esta serie de actuaciones, podemos afirmar que como realidad de participación estatal, los principios de la seguridad social se van configurando en el programa social, político y económico de un Estado. Así, tenemos que los países del Primer Mundo se encuentran realizando grandes esfuerzos para prestar mejores servicios de seguridad social a sus habitantes; y que aquellos que integramos a los países en vías de desarrollo, permanentemente hacemos los mejores esfuerzos para cumplir con los fines y objetivos de la seguridad social. Ante estos fenómenos, resulta satisfactorio señalar que el Estado mexicano ha venido actualizando su política de justicia social; igualmente, somos uno de los países que regulan de manera más ordenada y conjunta todo lo relativo a la seguridad social, a través de instituciones descentralizadas para la prestación de estos servicios sociales. Y esto ha sido antecedente permanente en nuestra historia social-jurídica. En efecto, a partir de 1917, fecha de promulgación de nuestra Constitución Política vigente, se cambió el esquema liberal de corte individualista planteado por la carta magna de 1857, al esquema de tipo social. Al respecto, México fue uno de los precursores en la esfera constitucional. Cabe señalar que en un principio su determinación en cuanto a la regulación territorial de validez quedó señalada en un marco general de competencia local. Sin embargo, y con motivo de las transformaciones tan importantes que se dieron en esa época, las Pautas de cambio fueron imperando, por lo que en 1929 se reformó /a fracción XXIX del artículo 123 para determinar la competencia de la Federación en el campo de la seguridad social. Dada esta federalización fueron creadas importantes instituciones para que prestaran los servicios correspondientes. En un principio nacieron con serias expectativas de fracaso; sin embargo, en el transcurso de los meses PRESENTACIÓN XII ratificaron su postura de organismos responsables en la prestación de su objeto. Actualmente, tanto las instituciones como algunas disposiciones jurídicas que fundamentan la presencia de varios regímenes de seguridad social en nuestro país han sufrido reformas o modificaciones. Con esto, podemos opinar que las instituciones han cumplido con su finalidad: prestar mejores servicios a diversos grupos de la sociedad. Es bajo estas consideraciones y con el fin de aportar mayores elementos de estudio en la materia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ponemos a la consideración del público en general y del estudioso de los temas relativos, este Diccionario jurídico sobre seguridad social. Por otro lado, no podemos dejar de señalar la presencia que sobre el particular ha tenido la Comisión Americana Jurídico-Social (CAJS), la cual, desde su creación en 1968, ha procurado en todo momento ser un verdadero órgano técnico de apoyo a las labores de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) en aquellas áreas relacionadas con los aspectos normativos, así como también en lo referente a la difusión de la seguridad social desde el punto de vista del orden legal que le da forma a las relaciones tendientes a procurar la satisfacción material y espiritual del hombre. Así, la CAJS, desde su origen, ha estado imbuida tanto en la definición dcl marco normativo de la CISS como en el estudio y enseñanza del derecho de la seguridad social, a través de las labores académicas de la propia conferencia. Con base en lo anterior, e imbuida dentro del contexto de la enseñanza del derecho de la seguridad social como una rama autónoma dentro de la ciencia del derecho, y con el fin de analizar la formación jurídica y el matiz que asumen ciertas instituciones creadas a manera de mecanismos que permitan la realización espiritual y material de los individuos, la Comisión Americana Jurídico-Social asumió el compromiso de llevar a cabo una tarea que coadyuvara a la consolidación de la autonomía dogmática de esta rama del derecho, a través de la definición terminológica de las palabras propias de la materia de seguridad social, así como del significado que tienen dentro de la misma las voces de otras ramas jurídicas o de otras ciencias, ya que con ello se llega a la definición conceptual, a partir de la cual se conoce el verdadero objeto de estudio de la rama y, por consiguiente, la formulación de valores, principios y normas. Para cumplir con esta tarea, se retomó la idea de elaborar un glosario de voces utilizadas en el ámbito de la seguridad social, sistematizadas a manera de diccionario especializado, el cual ayude en la comprensión del significado de los términos coloquiales y jurídicos tratándose de dicha materia, con lo cual se va matizando de manera más acabada el concepto XIII PRESENTACIÓN en torno de lo que es la seguridad social, al igual que respecto del orden jurídico que le anima. El esfuerzo, que ha sido dispuesto por un gran número de académicos, maestros, médicos y abogados, pretende ser un elemento más para la determinación jurídica de instituciones que se relacionan con el tema en cuestión. Consideramos oportuno señalar que cada comentario está firmado por su autor, con lo cual se precisan los créditos y la responsabilidad académica de cada uno de ellos, no de las instituciones editoras. En conclusión, queremos dejar constancia de que el fin primordial que guarda esta obra, es el de constituir un documento de consulta y divulgación de fácil manejo y comprensión por los especialistas de la materia, por estudiantes y profesionales del derecho, así como por la generalidad de las personas con interés en el estudio de la seguridad social que se encuntren vinculadas a ella. Ing. Gonzalo Martínez Corbalá Lic. Genaro Borrego Estrada Director del ISSSTE Director del IMSS Dr. José Luis Soberanes Fernández Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Aborto. La palabra "aborto" proviene del latín abortus, de aboriri, que significa nacer antes. El Diccionario de la Lengua Española define al aborto como la interrupción del embarazo, espontánea o provocada, si se efectúa en una época en que el feto no puede vivir aún fuera del seno materno. La definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española está elaborarla bajo el punto de vista médico, no correspondiendo al concepto de aborto en la perspectiva jurídica. Desde el punto de vista médico, y definido por la Organización Mundial de la Salud, el aborto es "la expulsión de un embrión (organismo en desarrollo desde el momento de la fecundación hasta finalizar la octava semana; fase en la que quedan establecidas las bases de los sistemas orgánicos principales) o feto (así denominado desde el inicio de la novena semana hasta el momento del nacimiento) de menos de 500 g., independientemente de la época de gestación, existencia o no de vida, y de que sea espontánea o provocada". El peso de 500 g. es el que puede corresponder a un embrión o feto hasta antes de la semana veinte de gestación; después de este tiempo, el producto pesará arriba de los 500 g. El aborto es un término que la medicina aplica al "proceso de nacimiento que se da antes de las veinte semanas completas de gestación" (A. FernándezCid). Después de la semana veinte, en caso de producirse la muerte del feto dentro del seno materno (muerte intrauterina), habrá la necesidad de un "parto prematuro". Parto prematuro es el proceso de nacimiento que puede darse a partir de las veinte y hasta antes de las treinta y ocho semanas completas de gestación (momento en que termina el desarrollo del feto), ya sea que el producto nazca vivo o muerto. Al parecer, el término "aborto" responde a que el nacimiento antes de las veinte semanas de gestación (4.5 meses aproximadamente), hace imposible, en caso de existir vida, la sobrevivencia del producto. En cambio, el nacimiento posterior a la semana veinte de gestación y hasta antes de la treinta y ocho (parto prematuro), en caso de existir vida, hace posible la sobrevivencia del ser humano nacido bajo estas circunstancias. Generalmente, al pensar en "aborto" lo hacemos en torno al "delito de aborto", con todas sus implicaciones jurídicas, éticas y morales. Por ello, no en pocos casos se producen discusiones a consecuencia del distinto significado que la palabra "aborto" tiene en los ámbitos médico y legal. Debemos tomar en cuenta que el aborto médico es sim- ABORTO plemente el proceso de nacimiento provocado o espontáneo ocurrido antes de las veinte semanas de gestación completa, consistente en la expulsión de un embrión o de un feto con vida o sin ella; aborto, que en caso de ser provocado, se debe a la necesidad de extraer el producto (vivo o muerto) para preservar la vida de la madre. En el lenguaje común, la palabra "aborto" se utiliza para hacer alusión a la interrupción del embarazo por muerte del producto de la concepción, así como a su extracción o expulsión del vientre materno. Jurídicamente, el aborto es la muerte del producto de la concepción, ya sea dentro del útero materno o por su expulsión prematuramente acontecida, durante cualquier momento del embarazo. La muerte, dentro del seno materno o la expulsión que le ocasione la muerte al producto, podrá ser por causa natural o por existir dolo o culpa de la madre y/o de un tercero. Según las circunstancias en que el aborto se dé, y dependiendo de la legislación penal aplicable, este hecho constituirá o no un delito. La legislación, al despenalizar ciertos abortos, elimina de ellos el elemento antijuridicidad, trayendo como consecuencia que éstos no constituyan delito alguno. 1. Como delito, el aborto es la conducta (de acción u omisión, dolosa o culposa) que ocasione la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de su desarrollo dentro del útero, exista o no consentimiento de la embarazada y sea cual sea el medio empleado para tal fin. Se trata de un delito contra la vida humana, aunque se lesione también otros bienes jurídicos, como son la vida o salud de la madre, el interés del Esta- 2 do en mantener el índice de natalidad elevado, o, en un momento dado, los principios éticos y morales de una sociedad. Analizando la definición de aborto como conducta dclictual, y conforme a la legislación penal mexicana (aa. 329 a 334 del CP para el D. F. y para toda la República en Materia Federal), encontramos dos elementos fundamentales en la misma: Primer elemento: debe existir una conducta de acción u omisión, dolosa o culposa, de la propia madre y/o de un tercero, que produzca la muerte del embrión o del feto, sin importar el medio utilizado (aa. 330 y 332 del CP para el D. F.). Será una conducta de acción, cuando la propia madre, o un tercero, o ambos, ocasionen el aborto por un obrar. Será de omisión cuando necesitando el feto o embrión de algún elemento externo, como es alguna atención o sustancia especiales, éstas no se le proporcionen deliberadamente. En cuanto al dolo y a la culpa, debemos recordar que el dolo consiste en el actuar, consciente y voluntario, dirigido a la ejecución de un hecho delictuoso. En cambio, la culpa existe cuando obrando voluntariamente, pero sin la diligencia o precauciones debidas, se produce un resultado dañoso que pudo o debió haberse previsto, aunque no se haya tenido la intención de causarlo. El aborto es un delito esencialmente doloso. Es decir, debe existir una conducta voluntaria y consciente de la madre y/o un tercero que provoque la muerte del producto de la concepción, no importando el método utilizado (aa. 330 y 331 del CP para el D. E). Sin embargo, no todos los abortos llevados a cabo de esta forma son delictivos, 3 pues en la mayoría de las legislaciones a nivel internacional existen previstas situaciones en que el aborto causado consciente y voluntariamente no constituye delito. Estos casos son: a) el aborto que se efectúa como único medio absolutamente necesario para salvar la vida de la mujer (a. 334 del CP para el D. F.); y b) aquel efectuado cuando el producto de la concepción es resultado de una violación sexual (a. 333 del CP para el D. F.). Cabe señalar que en algunos países, como es el caso de El Salvador, se prevé un tipo de aborto que tampoco constituye delito: el denominado "eugenésico", practicado con el consentimiento de la mujer cuando el propósito sea evitar una deformidad previsible grave en el producto (a. 169 del CP). El delito de aborto también puede ser culposo. En un aborto (en sentido amplio) puede existir culpa, cuando a consecuencia de una conducta voluntaria, pero realizada sin las precauciones debidas de la madre y/o de un tercero, resulte la muerte del feto o embrión. Sin embargo, cuando el aborto se produce por culpa de la madre, o incluso de la madre junto con la culpa de un tercero, éste no constituye delito (a. 333 del CP para el D. F.). Se podrá configurar el delito de aborto de manera culposa sólo cuando éste acontezca por la culpa de un tercero (a. 330 deI CP para el D. F.); por ejemplo el aborto consecuencia del atropellamiento a una mujer embarazada. Segundo elemento: que la conducta mencionada se dé con el consentimiento o sin el consentimiento de la mujer embarazada. Cuando exista el consentimiento de la mujer embarazada, necesariamente estaremos en presencia de un delito do- ABORTO loso, en el que puede existir dolo de ella, o de ella y un tercero. Pero puede darse también el delito, sin haber consentimiento de la mujer (el cual implicaría dolo), existiendo sólo el dolo o inclusive culpa de un tercero. Vistos estos elementos, pasemos a lo relativo a las sanciones aplicables. Las penas para este delito dependerán de haberse cometido con el consentimiento o sin consentimiento de la madre y del que exista dolo o culpa de ella y/o de un tercero. Las legislaciones penales, dependiendo del tipo de aborto que se presente, imponen sanciones de menor o mayor magnitud. Existen variantes según el país, pero los criterios para establecerlas son similares. A continuación señalaremos las hipótesis de aborto delictual previstas en el CP para el D. F. (aplicable en toda la República mexicana en materia federal), y sus respectivas penas. También se hará alusión, a manera ejemplificadva, de la regulación del aborto a nivel internacional, a hipótesis (y su respectiva penalidad) establecidas por el CP de El Salvador, que no son previstas por el nuestro: 1. Aborto que la propia madre procure o producido por consentir que otra peona lo haga. Se trata de un delito doloso por parte de ella o de ella y un tercero. Consecuentemente, las sanciones se dirigirán a la mujer únicamente, en el caso de que ella haya procurado su propio aborto; o a la mujer y al tercero que lo produzca, cuando consienta aquélla que éste lo practique. En lo referente a la madre, ésta puede incurrir en dos tipos de conducta. Las penas dependen de una u otra situación: ABORTO a) Cuando procure su aborto o consienta que otro lo realice, pero se trate de una mujer de buena reputación o fama (entendidas en lo referente a su conducta sexual), que haya logrado ocultar su embarazo (es decir, que no lo haya hecho público) y que éste sea producto de una unión ilegítima (esto es, que no sea consecuencia de un matrimonio legal), la pena impuesta a la madre será de seis meses a un año de prisión (a. 332 del CP para el D. F.). b) Cuando procure el aborto o consienta que otro lo realice, pero no concurran las tres circunstancias anteriormente mencionadas, la pena aplicable a la madre irá de uno a cinco años de prisión (a. 332 del CP para el D. F.). El CP salvadoreño prevé que la pena impuesta a la mujer pueda ser seriamente aumentada (hasta en una tercera parte más...
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