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Unformatted text preview: Convención Americana sobre Derechos Humanos Anotada y concordada con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Fernando Castillo Víquez Olman Rodríguez Loaiza Graciela Arguedas Rodríguez Convención Americana sobre Derechos Humanos Anotada y concordada con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos FERNANDO CASTILLO VÍQUEZ OLMAN RODRÍGUEZ LOAIZA GRACIELA ARGUEDAS RODRÍGUEZ Castillo Víquez Fernando, Rodríguez Loaiza Olman, Arguedas Rodríguez Graciela Convención Americana sobre Derechos Humanos Anotada y concordada con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos/Castillo Víquez Fernando, Rodríguez Loaiza Olman, Arguedas Rodríguez Graciela – Heredia, Costa Rica : Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2013. 676 páginas ISBN 978-9968-757-97-3 La ficha catalográfica queda de esta manera 323.4 C346c Castillo Víquez, Fernando. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Anotada y concordada con la Jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos / Fernando Castillo Víquez; Olman Rodríguez Loaiza; Graciela Arguedas Rodríguez. – Heredia, C.R : Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2013. 676 p. ISBN. 978-9968-757-97-3 1.Derechos Humanos 2. Legislación I. Rodríguez Loaiza, Olman II. Arguedas Rodríguez, Graciela III. Título INTRODUCCIÓN La obra que el lector tiene en sus manos recoge las fuentes normativas y jurisprudenciales del Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos. La idea es que después de la norma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que recoge un derecho humano, se reseñe la jurisprudencia que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre él. Por razones de tiempo y espacio, no se ofrece, en esta primera edición, la doctrina desarrollada por los estudiosos más destacados del continente en la materia. Comienza a perfilarse un debate doctrinario y jurisprudencial en el continente Americano sobre si la jurisprudencia de la Corte es o no vinculante. Hay argumentos a favor y en contra de la postura que ha seguido este alto Tribunal de derechos humanos – que sí es vinculante-. Independientemente de cual sea la posición que se asuma, lo cierto del caso es que hoy nadie niega la relevancia que tienen las sentencias y opiniones consultivas de la Corte en la interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. De ahí la importancia de recoger, de forma sistematiza, su jurisprudencia en un único texto. Esperamos que esta obra cumpla con varios cometidos al mismo tiempo. En primer lugar, despertar en el Juez nacional el interés por conocer la jurisprudencia de la Corte en la materia que le compete. En segundo término, cuando considere que el precedente y la jurisprudencia de la Corte se aplique al caso concreto que está resolviendo, no porque sea vinculante, sino porque razones de justicia y derecho así lo imponen, actúe en consecuencia. Por otra parte, cuando llegue a la conclusión que no debe seguirla, dé las razones del caso para sostener su postura, lo que de seguro contribuirá al debate de los derechos humanos en un continente donde, desgraciadamente, su vulneración sistemática ha sido una constante histórica. Por último, estamos seguros que el tomar en cuenta la jurisprudencia y los precedentes de la Corte tendrá un enorme impacto en el ordenamiento jurídico costarricense; de seguro lo remozará. Es importante aclarar que se reseñan las sentencias y las opiniones consultivas hasta el año 2012. Solo en el caso de las segundas, se indicará esa condición, para separarlas de las primeras. También debemos dejar sentado que hemos tomado los resúmenes que tiene en su página Web la Defensoría de los Habitantes de Colombia de las sentencias de los casos contenciosos de la Corte hasta mediados del año 2007. Ergo, el mérito de esta obra está, pues, en reseñar la jurisprudencia de la Corte de este último año a la fecha, así como todas las opiniones consultivas, y ubicar esa jurisprudencia en cada uno de los artículos de la Convención. Por razones metodológicas, y como el ánimo de no ser reiterativo, se ofrece al lector un índice al final del trabajo en el que se indica los hechos relevantes de cada caso, los que se incluyen únicamente en el punto central, más relevante, de la decisión de la Corte, y no en todos los artículos a que se refiere el Alto Tribunal al momento de adoptar su decisión, pues ello, además de hacer extensa la obra, la haría reiterativa. En este laborioso trabajo, pues las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte son complejas y extensas, debemos destacar la importante colaboración de la Licenciada Vivian Betel Castillo Calvo, la de algunos estudiantes del curso de Derecho Constitucional II, del segundo cuatrimestre del 2012, de la Universidad Escuela Libre de Derecho y la de los estudiantes del curso Derecho Público Económico, segundo semestre del 2012, de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica. 4 Al Licenciado Luis Ardón Acuña hay que reconocer su aporte en la revisión final de este trabajo. Por último, debemos agradecer el apoyo que hemos recibido del Consejo Superior del Poder Judicial y el de la Escuela Judicial Edgar Cervantes, en especial el de su director Dr. Marvin Carvajal Pérez. Sin la ayuda de todos ellos, la culminación de esta obra no hubiese sido posible. Para finalizar, tenemos la esperanza que el fruto de esta investigación contribuya a un ejercicio de la judicatura de mayor calidad, justa y acorde con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. 5 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) PREAMBULO Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, Han convenido en lo siguiente: 6 PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS JURISPRUDENCIA * Desaparición forzada: violación de múltiples derechos humanos. En el Caso Velásquez Rodríguez, en la República de Honduras, a principios de la década de los ochenta, se presentó una práctica sistemática de desapariciones forzadas, cumplida o tolerada por autoridades estatales. Tanto las autoridades militares y de policía como el Gobierno y el Poder Judicial se negaban o eran incapaces de prevenir, investigar y sancionar los hechos. En el marco de esta práctica sistemática, el estudiante Manfredo Velásquez desapareció luego de ser secuestrado por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección y hoy continúa desaparecido, por lo que se puede suponer razonablemente que ha muerto. En este caso se produjeron las mismas negativas de sus captores y de las autoridades de las Fuerzas Armadas, las mismas omisiones de éstas y del Gobierno en investigar y dar cuenta de su paradero, y la misma ineficacia de los tribunales de justicia ante los cuales se interpusieron tres recursos de exhibición penal. De acuerdo con la Corte, en América Latina las desapariciones se han convertido durante los últimos años, en una práctica sistemática utilizada como técnica destinada a producir no solo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor. El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral. Aunque no existe ningún texto convencional vigente, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado las desapariciones como un delito contra la humanidad. El Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad y toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, que los Estados están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona, y del derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano. Lo anterior constituye una violación del artículo 5 de la Convención que reconoce el derecho a la integridad personal. Las investigaciones donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho de la integridad física reconocido en el artículo 5 de la Convención. La práctica de desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida 7 del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención. La práctica de desapariciones, además de violar numerosas disposiciones de la Convención, significa una ruptura radical de este tratado, pues implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención. Posteriormente, en el Caso Bámaca Velásquez, la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la desaparición forzada o involuntaria al señalar que constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos de la Convención, pues no solo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. Al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar desapariciones forzadas o involuntarias, al no investigarlas de manera adecuada y al no sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la víctima como de sus familiares, para conocer el paradero de aquélla. En razón de las características del fenómeno y las dificultades probatorias que conlleva, la Corte ha establecido que si se ha demostrado la existencia de una práctica impulsada o tolerada por el Estado de desaparición forzada de personas, y que, ya sea por prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicas pertinentes, el caso de una persona puede vincularse a dicha práctica, entonces esta desaparición específica se considera demostrada. La Corte considera probado que cuando ocurrieron los hechos, existía en Guatemala una práctica sistemática por parte del Ejército, por la cual capturaba guerrilleros, los retenía clandestinamente sin dar noticia a autoridad judicial competente, independiente e imparcial, los torturaba física y psicológicamente para la obtención de información y, eventualmente, incluso les causaba la muerte. Considera demostrado que la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez está vinculada con dicha práctica y que, pese a los diferentes recursos internos utilizados con el fin de aclarar los hechos, éstos no fueron eficaces para enjuiciar y sancionar a los responsables de éstos. En el Caso 19 Comerciantes, la jurisprudencia anterior es reiterada. Según los hechos de este caso, en el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado colombiano impulsó la creación de los llamados “grupos de autodefensa” entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. A partir de 1985, se hace notorio que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”. Las normas por medio de las cuales se crearon estos grupos seguían vigentes en 1987, época en la cual sucedieron los hechos y para la cual ya era más que evidente el degeneramiento de estos grupos. Para ese entonces, 19 comerciantes son desaparecidos, asesinados y descuartizados en manos de grupos “paramilitares” por rehusarse al pago de un “impuesto” solicitado por los delincuentes para poder comercializar las mercancías y por presuntos vínculos con grupos subversivos en la venta de armas. Lo anterior ocurre con la ayuda de las fuerzas militares quienes sabían de la presencia de “paramilitares” en la carretera por la que circulaban los comerciantes y quienes además sabían y estaban de acuerdo con el plan de los paramilitares para el asesinato de los comerciantes. 8 En el Caso Anzualdo Castro, el señor Kenneth Ney Anzualdo Castro al momento de su desaparición tenía 25 años de edad y estudiaba en la Escuela Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao. Estuvo vinculado con la Federación de Estudiantes. En octubre de 1991 la casa donde residía junto a su familia fue intervenida y el señor Anzualdo Castro fue detenido junto con otras personas, por supuestas actividades terroristas, por lo cual permaneció 15 días detenido en la Direccin Nacional contra el Terrorismo (en adelante “DINCOTE”). El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Ney Anzualdo Castro salió de la casa de su padre, señor Félix Vicente Anzualdo Vicuña, ubicada en el distrito de La Perla, Provincia del Callao, a las 16:00 horas, con dirección a la Universidad para asistir a clases. Permaneció en la Universidad hasta aproximadamente las 20:45 horas, cuando decidió regresar a su casa. Junto a tres compañeras de la Universidad caminó hacia la parada en la avenida Santa Rosa, donde tomó el autobús de la Línea 19-B, de placa IU 3738, que lo llevaría a casa. Sus compañeras lo vieron subirse a ese autobús, que era conducido por el señor Santiago Cristóbal Alvarado Santos. Durante el trayecto desde la Universidad hacia su casa, a la altura de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz, el autobús en el que viajaba el señor Anzualdo fue interceptado por un vehículo de color celeste. De dicho vehículo se bajaron tres individuos armados y vestidos de civil que se subieron al autobús, se identificaron como policías, hicieron bajar a los tres pasajeros que se encontraban en el mismo e hicieron subir al señor Anzualdo al vehículo y partieron con rumbo desconocido. Ese 16 de diciembre de 1993 fue el último día que Kenneth Ney Anzualdo Castro fue visto con vida. Desde esa fecha su familia no volvió a saber de él ni de su paradero. La Corte dió por probado que agentes estatales, incluidos del SIE, privaron de libertad o secuestraron al señor Anzualdo Castro el día 16 de diciembre de 1993, quienes lo llevaron a los sótanos del SIE, donde permaneció detenido desaparecido durante un período de tiempo indeterminado, desconociéndose hasta el momento su paradero. En este caso, la Corte reiteró que ha verificado la creciente consolidación de una perspectiva de la comunidad internacional, y en particular del Sistema Interamericano, comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de desaparición forzada de personas. En su jurisprudencia constante sobre este tipo de casos, la Corte ha reiterado que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Se trata, en suma, de una grave violación de derechos humanos, dada la particular gravedad de las transgresiones que conlleva y naturaleza de los derechos lesionados, que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema Interamericano y cuya prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens. En el Caso Tiu Tojín, el 29 de agosto de 1990, efectivos del Ejército guatemalteco acompañados por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, llegaron a Santa Clara, Municipio de Chajul, Departamento del Quiché, y capturaron a 86 de sus residentes pertenecientes a la Comunidad de Población en Resistencia conocida como “La Sierra”. Esta comunidad estaba formada por grupos de familias desplazadas que se habían refugiado en las montañas, como resistencia a las estrategias del Ejército guatemalteco utilizadas en contra de la población desplazada durante el conflicto armado interno. Entre las personas detenidas se encontraban la señora María Tiu Tojín y su hija Josefa, quienes pertenecían al pueblo Maya. Los 86 detenidos fueron traslados a la base militar en Santa María Nebaj. 9 En este lugar María Tiu Tojín y su hija Josefa fueron vistas por última vez. Las otras 84 personas detenidas fueron trasladadas a un campamento de la Comisión Especial de Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados (en adelante “CEAR”) en Xemamatze. Los oficiales de CEAR recibieron del Ejército una lista de personas entregadas a su custodia y asistencia, que incluía a María Tiu Tojín y a su hija. Sin embargo, ellas nunca llegaron al campamen...
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  • Estados Unidos, Derechos humanos, Buenos Aires, Derechos civiles y políticos, Desaparición forzada

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