Criterios jurisprudenciales - Obligaciones en general y contratos en particular.pdf

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Unformatted text preview: CRITERIOS JURISPRUDENCIALES1 OBLIGACIONES EN GENERAL Y CONTRATOS EN PARTICULAR2 1.- Es procedente demandar directamente indemnización de perjuicios por incumplimiento de obligaciones derivadas de contratos bilaterales, sin necesidad de que igualmente se haya demandado la resolución o el cumplimiento forzado del contrato. Sentencia de Corte Suprema de 26 de noviembre de 2014, autos Rol Nº 14.008-2013. En los autos Rol Nº 36.998-2009, seguidos ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, “Laboratorios de Control Técnico Llay Llay Limitada” dedujo demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual en contra de “Celestron Limitada”, solicitando la actora que se condene a la demandada a pagar $10.823.405.- a título de daño emergente y $125.522.940.- por lucro cesante, más reajustes, intereses y costas. Fundamentó su demanda el representante de la actora señalando que con fecha 11 de julio de 2007, su representada emitió una orden de compra a la demandada para adquirir el equipo “Consola de control automatic, automax 5”, destinada al ensayo de hormigones, cuyo precio pagó en dos cuotas, por un total de $10.823.405.- En el mes de diciembre de 2007, llegó el equipo, presentando manchas de embalaje, lo que fue informado a la empresa demandada. Por ello, el 10 de diciembre del mismo año, se emitió una orden de reparación por la demandada, detectándose desperfectos que se pormenorizan. Explica la demandante que durante ocho meses, hasta el 4 de julio de 2008, el equipo no pudo ser ocupado por las reparaciones, y sólo a fines de ese mes se puso en funcionamiento, realizando ensayos y pruebas con sus clientes, en especial con la empresa “Lafarge Hormigones S.A.”, la que en noviembre de ese año le comunicó que existían diferencias en los resultados de los informes que la parte demandante emitió con las contra muestras que ellos efectuaron, lo que derivó en una revisión de los procesos, consistente en solicitar al “Instituto de Ensayo de Materiales” (IDIEM), lo que se hizo el 7 de noviembre de 2008. La recalibración de la prensa se materializó el 21 del mismo mes. Entre ambas fechas, el equipo presentó una serie de situaciones anómalas, señalando IDIEM que se había producido un desplazamiento de la calibración. Finalmente, el 25 de noviembre “Lafarge Hormigones S.A.” avisó a la actora que suspendía los servicios que se le prestaban desde el año 2006. Asevera que los problemas continuaron, por lo que solicitó hacer uso de la garantía por segunda vez, lo que se materializó con la orden de servicio técnico de fecha 14 de mayo de 1 En cada una de las sentencias, se resumen las principales ideas en ellas contenidas, a nuestro juicio, conservando el tenor de las mismas en la mayoría de los casos, con leves modificaciones de forma, si así se considera útil. En algunos fallos, la enumeración empleada en cada resumen es nuestra, y no de la respectiva sentencia. En cada caso, se indican los roles de las causas, distinguiendo según se trate de la causa de primera instancia, de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema. Para quien desee obtener el texto íntegro de la respectiva sentencia, debe ingresar a la página web del Poder Judicial, , Consulta unificada de causas/consulta de causas Corte Suprema o Consulta de causas Corte de Apelaciones o Consulta de causas Civil. 2 Fecha de última modificación: 7 de febrero de 2018. 1 Criterios jurisprudenciales – Obligaciones en general y contratos en particular Juan Andrés Orrego Acuña 2009, procediéndose a una nueva reparación, cambiando el lector automax 5. A pesar de ello, el equipo sigue defectuoso, generando los mismos problemas, lo que lo hace inepto para su uso. Los perjuicios que solicita la actora se le indemnicen corresponden a daño emergente, que hace consistir en el monto que tuvo que pagar para adquirir la maquinaria, y el lucro cesante derivado del cese de la relación comercial con la empresa “Lafarge Hormigones S.A.”, según detalla. El demandado contestó la demanda, solicitando su rechazo. Argumenta que la actora efectivamente compró el equipo en cuestión para modernizar una máquina antigua de ensayo de hormigones, para cuyo efecto ocuparían algunas partes de la máquina antigua, sustituyendo otras anticuadas mecánicas y analógicas por nuevas automáticas y electrónicas. Agrega que la demandante no sólo cotizó el suministro de las partes y piezas para su modernización, sino también la instalación, adaptación, pruebas de funcionamiento, capacitación y entrenamiento del personal, lo que constituye un requisito fundamental para una garantían de funcionamiento. Sin embargo, la actora optó, por un tema de costos, por encargar el trabajo de instalación y modernización a la empresa “Hevisa”. Reconoce la demandada que el daño a una de las cajas de embalaje se produjo durante el transporte marítimo de las especies, lo que motivó una nueva importación de partes dañadas. En marzo de 2008 se recibió el repuesto y lo remitió a la demandante, quien a su vez se lo entregó a “Hevisa” para que armara todo el conjunto en sus propias instalaciones. Su personal técnico también concurrió a las instalaciones de “Hevisa” para ensamblar las nuevas partes suministradas y corregir problemas de montaje que el personal de “Hevisa” no supo realizar en las adaptaciones con el equipo antiguo. Afirma que en esa fecha, el equipo quedó funcionando correctamente, faltando solamente emplazarlo en su sitio definitivo y calibrarlo. A solicitud de la actora, señala que el 4 de julio de 2008 concurrió personal del IDIEM al nuevo edificio de la primera y junto con su personal calibraron la máquina, quedando en perfecto funcionamiento y apta para brindar servicios y emitir certificados dentro de las normas nacionales, siendo falsa la aseveración de haber estado ocho meses sin ocuparse. Indica la demandada que en el mes de noviembre de 2008, la demandante solicitó nuevamente asistencia técnica alegando que el equipo tenía problemas y que los resultados de resistencia de las muestras de hormigón ensayadas eran bajos. En la visita técnica, sus especialistas detectaron que el equipo electrónico estaba desconfigurado por intervención impropia. Por sentencia de 25 de noviembre de 2011, se acogió la demanda, condenando a la demandada a pagar a título de daño emergente la suma de $10.823.405.- y por lucro cesante $10.651.033.-, más reajustes, intereses y costas. Apelado ese fallo por la demandada, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de 2 de septiembre de 2013, complementada con fecha 8 de octubre del mismo año, lo revocó y, en su lugar, declaró que de la demanda queda desestimada, sin costas. En contra de esta última resolución, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo, de conformidad a los siguientes argumentos: 2 Criterios jurisprudenciales – Obligaciones en general y contratos en particular Juan Andrés Orrego Acuña 1º Denuncia la infracción de lo preceptuado en el art. 1489 del Código Civil, puesto que la sentencia impugnada concluyó con error que la acción indemnizatoria, por tratarse de un contrato bilateral, se encuentra indisolublemente ligada a la resolución del contrato o al cumplimiento forzado del mismo. En efecto, a juicio de la recurrente, las acciones indemnizatorias, sean moratorias o compensatorias, son independientes y autónomas, cualquiera que sea la naturaleza u objeto de la prestación. 2º De este modo, yerran los sentenciadores al considerar que la indemnización se encuentra únicamente ligada en sede contractual a la resolución o cumplimiento forzado de lo pactado, cuando en verdad puede cobrar identidad propia como acción principal. De allí que pueda asociarse a una de las variantes referidas, como a ninguna de ellas. Así las cosas, si bien existe una relación bilateral, de conformidad al art. 1439 del Código Civil, en caso alguno puede entenderse que el vínculo debe necesariamente concluir con el término de la relación contractual o el cumplimiento forzado del mismo, puesto que con ello se estaría afectando la autonomía del acreedor. Constituyen hechos de la causa, según expresa la sentencia de la Corte Suprema: 1º La demandante adquirió de la demandada una consola de control automatic, Automax 5, de origen italiano, en la suma de $10.823.405.-, para modernizar una máquina alemana antigua de ensayo de hormigón. 2º Dicha consola fue entregada en diciembre de 2007 con daños provenientes del transporte internacional, razón por la cual se efectuó una nueva importación de las partes dañadas. 3º la máquina quedó operativa en el mes de julio de 2008. 4º En septiembre de 2008, la demandada extendió una garantía por dos años. 5º En el mes de noviembre de 2008 se pidió a IDIEM una recalibración de la máquina, requiriendo la demandante una visita técnica del personal de la demandada ese mismo mes. 6º En mayo de 2009 la actora hizo uso de la garantía por segunda vez, cambiándose el lector Automax 5. 7º La máquina no funcionó adecuadamente de manera constante en el tiempo, no pudiendo usarse en la actualidad. 8º La parte demandada se obligó tanto a vender al cliente-demandante un equipo de alta tecnología para ser instalado en una máquina más antigua y a participar en su instalación. 9º El demandado no cumplió las obligaciones que asumió en virtud del contrato. Consigna el fallo de la Corte Suprema que el tribunal de alzada, para revocar la decisión del a quo, y en definitiva rechazar la demanda, sostuvo que no obstante haberse concluido en el fallo apelado que los daños pudieron provenir del transporte internacional o como resultado de una instalación incorrecta, es lo cierto que por tratarse de un contrato bilateral las consecuencias del incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se impone a las partes y la consecuente indemnización de perjuicios se encuentran reglamentadas por el art. 1489 del Código Civil, de modo que, conforme al tenor de dicha norma, ante el incumplimiento de uno de los contratantes, el otro tiene derecho de pedir la resolución o el cumplimiento del contrato, y en su caso, como un derecho secundario, la compensación de los daños que el incumplimiento total o parcial le haya ocasionado, razón por la cual la petición de resarcimiento de perjuicios no 3 Criterios jurisprudenciales – Obligaciones en general y contratos en particular Juan Andrés Orrego Acuña es procedente si no se ha ejercido previamente el derecho de opción de cumplimiento forzado o resolución del contrato bilateral. Expresa seguidamente el fallo que, en lo que toca a la procedencia y autonomía de la pretensión resarcitoria en relación con las acciones destinadas a obtener el cumplimiento o la resolución del contrato, parece oportuno aclarar que, conforme a los principios que integran el Código Civil, no se observan las particulares motivaciones que podrían inducir a privar a los afectados de dirigir las acciones en la forma y del modo como mejor se ajusten a sus intereses, desde el momento que el derecho civil le reconoce a las personas el principio de libre disposición de sus bienes y autonomía de la voluntad, todo lo cual lleva a reconocer las mayores prerrogativas al momento de someter las pretensiones al órgano jurisdiccional. Es por lo anterior que esta Corte Suprema ha reconocido la independencia y autonomía de las acciones indemnizatorias, sean estas moratorias o perentorias (sic)3, las que cualquiera sea la naturaleza del objeto de la prestación, pueden impetrarse en forma exclusiva, desde el momento que el legislador ha establecido su procedencia y la forma más usual de interposición, pero no ha prohibido la que en mejor forma repare integralmente el daño derivado del incumplimiento. Que establecido que la acción indemnizatoria no se encuentra ligada únicamente en sede contractual a la resolución o cumplimiento forzado de lo pactado, por lo que puede entonces cobrar identidad propia, como acción principal, aunque asociada a una de las variantes referidas –resolución o cumplimiento forzado- como a ninguna de ellas, conviene precisar que para ponderar esta pretensión resulta indispensable vincularla con el hecho en que s ele hace descansar. Que antes, parece necesario explicitar las razones que llevan a reconocer la independencia de la acción indemnizatoria de la acción de resolución y/o cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Una razón fundamental surge para ello: tanto la teoría clásica, al considerar que la indemnización es la misma obligación cuyo cumplimiento se logra por medio de la justicia por equivalencia, como por la teoría moderna, que indica que la indemnización es una nueva obligación, permiten arribar a la conclusión que se trata de una acción principal, nunca accesoria. La interpretación exegética del art. 1489 del Código Civil no se aviene con las tendencias modernas que inspiran el derecho de daños, que postulan la reparación integral del acreedor a través de una indemnización que satisfaga en plenitud los perjuicios irrogados por causa del incumplimiento. Si al acreedor no se le permitiera optar por demandar directamente la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, [ello] podría significar que no se alcance el propósito de la indemnización plena. En tal contingencia, entonces, entendiendo que el ejercicio de la acción indemnizatoria implica la renuncia al cumplimiento forzado o a la resolución del contrato, la indemnización se erige así como un remedio autónomo, cualquiera sea la forma en que se ejecute la obligación, lo que se manifiesta con mayor vigor tratándose de contratos de tracto sucesivo en donde el acreedor sigue vinculado jurídicamente al deudor, una vez que éste le indemnice los perjuicios. Más claro aún, si el contrato es de ejecución instantánea, en donde al seguir la exegética interpretación de la citada norma, la opción del acreedor se ve reducida. Esta es, por tanto, la forma correcta de entender la autonomía de la acción indemnizatoria por incumplimiento de un contrato bilateral. 3 Evidentemente, se trata de un lapsus, y que la sentencia quiso aludir a “compensatorias”. 4 Criterios jurisprudenciales – Obligaciones en general y contratos en particular Juan Andrés Orrego Acuña Que tampoco puede soslayarse que el presupuesto fáctico establecido en el proceso da cuenta que la demandada incurrió en incumplimiento de una obligación de hacer, puesto que junto con proveer del equipo debió prestar la asesoría técnica para su instalación y correcta operación.4 Concluye la sentencia de la Corte Suprema señalando que los errores de derechos consignados, constituyen transgresión al art. 1489 del Código Civil, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que la equivocada aplicación de este precepto legal ha llevado a los sentenciadores del fondo a rechazar la demanda, en circunstancias que procedía admitirla y acoger la indemnización de los perjuicios reclamados, razón por la cual el recurso en estudio debe ser admitido. Se anuló en consecuencia la sentencia impugnada, confirmándose el fallo apelado de 25 de noviembre de 2011. Pronunciada por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Guillermo Silva G., Sra. Rosa Maggi D. y Abogados Integrantes Sres. Jorge Baraona G. y Emilio Pfeffer U. Redacción a cargo del último. 2.- Es procedente demandar directamente indemnización de perjuicios por incumplimiento de obligaciones derivadas de contratos bilaterales, sin necesidad de que igualmente se haya demandado la resolución o el cumplimiento forzado del contrato (Corte de Apelaciones de Valdivia). En los contratos de prestación de servicios educacionales, no está implícita la obligación de asegurar campo ocupacional para los egresados (Corte Suprema). Sentencia de la Corte Suprema de 18 de noviembre de 2014, autos Rol N° 17.108-2013. En la causa, un total de 59 personas demandaron ante el 1° Juzgado Civil de Valdivia, autos Rol N° 1.221-2011, caratulados “Lorenzo Peña Rehl y otros con Corporación Santo Tomás, sostenedora del Instituto profesional Santo Tomás”. Los demandantes cursaron en dicho instituto las carreras de Técnico Perito Forense e Investigación Criminalística, pero en definitiva ellas carecían del campo ocupacional ofrecido por la publicidad del Instituto. Se dedujo entonces demanda de indemnización de perjuicios en sede contractual, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el citado Instituto, emanadas del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito con los demandantes. El incumplimiento consistió en la falta de campo laboral ofrecido para dichas carreras, además de una deficiente calidad de la formación impartida. En particular, expresan los demandantes que los folletos publicitarios de ambas carreras señalaban que el investigador criminalístico y el perito forense podrán desempeñarse en laboratorios de criminalística, públicos y privados, como asesor de fiscales del Ministerio Público o de la defensoría Pública. Refieren que sin embargo, el campo ocupacional ofrecido resultó inexistente, lo que fue ratificado por las instituciones mencionadas en el folleto. La demanda fue rechazada en todas sus partes, por sentencia de 9 de abril de 2013. 4 La referencia a una obligación de hacer, debe entenderse en cuanto el N° 3 del art. 1553 faculta al acreedor de esta clase de obligaciones para demandar directamente indemnización de perjuicios compensatoria. 5 Criterios jurisprudenciales – Obligaciones en general y contratos en particular Juan Andrés Orrego Acuña Apelado el fallo, la Corte de Apelaciones de Valdivia lo revocó por sentencia de 26 de noviembre de 2013, autos Rol N° 334-2013, dando lugar a la demanda a favor de 54 de los demandantes y accediendo a indemnizar daño emergente y el daño moral, pero dejando para la etapa de ejecución del fallo la discusión del monto de tales perjuicios. El fallo de segundo grado confirmó el rechazo de la demanda respecto de un demandante, por haber transigido con la demandada, y en el caso de otros cuatro demandantes, por haber sido eliminados de la carrera. Para decidor en estos términos, la sentencia expresó: 1º El requisito de un vínculo jurídico previo entre las partes, concurre en la medida que se acredite la celebración de un contrato, independientemente de si se encuentra en ejecución, cumplido parcialmente o extinguido por alguna causa legal. Lo contrario, es decir, la exigencia que establece la sentencia de primer grado, de que el contrato se encuentre vigente al momento de entablarse la acción indemnizatoria, implicaría una restricción enorme al campo de la responsabilidad contractual. 2º Expresa el fallo que no hay inconveniente en ejercer la acción indemnizatoria de manera independiente al cumplimiento o resolución del contrato, por cuanto no se requiere que el contrato esté vigente al momento de hacerse valer la responsabilidad contractual y además, jurisprudencia reciente de la Corte Suprema reconoce el carácter autónomo de la acción indemnizatoria (rol 3325-2012 y rol 5898-2012), abandonando la interpretación tradicional del artículo 1489 del Código Civil. Por otra parte, mal podrían los demandantes haber demandado la resolución de contratos que ya no se encontraban vigentes ni menos aún el cumplimiento forzado de los mismos, pues no tenían ningún interés en perseverar el ellos. 3º En cuanto al contenido de la obligación cuyo incumplimiento se reclama, el fallo de la Corte de Apelaciones recurre al principio de la buena fe contractual previsto en el art. 1546 del Código Civil, y concluye que de acuerdo con la tarea y fines de la institución demandada, con la naturaleza del contrato suscrito entre ella y los demandantes, y con los términos en que la primera realizó su oferta a los segundos, pesaba sobre la demandada la obligación contractual no expresa de prestar sus servicios educacionales en un ámbito que en la práctica tuviese campo ocupacional, pudiendo los demandantes confiar razonablemente en que ello era así. Agrega el fallo qu...
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