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Si embargo aún no se han implementado acciones para

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núcleo familiar y promuevan la democratización de los roles a la interna de las familias. Sin embargo, aún no se han implementado acciones para contrarrestar este riesgo, manteniendo la vinculación de las mujeres como intermediarias, responsables del bienestar familiar. Esta medida, desde una perspectiva de género debidamente ponderada, debió estar acompañada de mecanismos o mensajes para promover o exigir corresponsabilidad entre varones y mujeres para las contrapartidas requeridas, de forma de no sobrecargar efectivamente a las mujeres. Estos ejemplos refuerzan la idea de que la incorporación de la perspectiva de género a la política de abordaje a la pobreza y desigualdad social a través del PIODNA, se da sin una real apropiación de lo que implican sus cometidos y líneas estratégicas, lo cual despolitiza la herramienta. Por un lado no se asumen cabalmente sus fundamentos sobre la estrecha relación entre el sistema de género y la pobreza, y por otro, al encapsularlo en una política básicamente de abordaje a la pobreza y exclusión social, desestima sus contenidos más transformadores sobre la distribución inequitativa del poder. Política sanitaria y adhesión selectiva En la última década en Uruguay se han logrado importantes avances en materia de aprobación de normativas sanitarias que incorporan los derechos sexuales y reproductivos obligando a los servicios de salud a implementar servicios y prácticas que los reconozcan. Podemos agrupar estas normativas en dos tipos según el grado de tensión o confrontación que presentan frente a los marcos interpretativos tradicionales predominantes en la sociedad y en
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el ámbito sanitario. Por un lado, aquellas que enfatizan en el poder de la mujer de decidir sobre su reproducción de forma autónoma. Allí encontramos el decreto que posibilita a la mujer acceder a una anticoncepción definitiva o esterilización a partir de la firma de un consentimiento y la ordenanza que obliga a los servicios de salud a dar asesoramiento a mujeres en situación de embarazo no deseado. En el siguiente grupo, encontramos la ley que obliga a incorporar la indagación sobre violencia doméstica en la consulta y las normas de atención a la mujer embarazada. Las normativas del primer grupo consolidan la construcción de las mujeres como sujetos sociales con poder de decisión sobre su cuerpo. Éstas son las que presentan mayores resistencias por parte de las instituciones y del cuerpo médico. A pesar de que estas normativas llevan varios años de aprobación, no se implementan políticas institucionales claras que habiliten a las mujeres a ejercer los derechos garantizados por las mismas. A su vez, el cuerpo médico presenta resistencias vinculadas a sus marcos interpretativos y subjetividades que siguen primando a nivel micro, que se traducen por ejemplo en la solicitud de la firma de la pareja cuando la mujer solicita una ligadura tubaria (práctica contraria a la normativa existente) así como en la ausencia de asesoramiento pre y post aborto en la mayoría de los centros de salud, formalmente obligados a brindar dicha atención. A partir de estos ejemplos, se aprecia una resistencia a aceptar la autonomía de las
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