Esto es que el proceso de selección del contratista debe realizarse de manera

Esto es que el proceso de selección del contratista

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pública. Esto es, que el proceso de selección del contratista debe realizarse de manera pública y ajustada a derecho 2. PRINCIPIO DE ECONOMÍA: Implica que las condiciones del trámite contractual sean las estrictamente necesarias para la escogencia objetiva de la propuesta más favorable.[3] Gracias al principio de economía, el derecho sustancial prevalece sobre la forma, el cumplimiento de las disponibilidades presupuestales correspondientes, el análisis de la conveniencia del objeto por contratar así como las autorizaciones, los estudios y pliegos de condiciones requeridos. 3. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: Los sujetos que actúan en la actividad contractual se deben ceñir a la ley, cumpliendo con los deberes y obligaciones de cada uno.[5] El artículo 51 de la Ley 80 de 1993 preceptúa la responsabilidad disciplinaria, civil y penal por las acciones y omisiones en la actuación contractual De acuerdo con el num 2 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños causados por razón de ellas. 4. PRINCIPIO DE IGUALDAD La Corte Constitucional ha tocado el tema en varias oportunidades, con la sentencia T-489 de 1999; C-124 de 1996; C-339 de 1996; T-330 de 1993. Respecto de las cuales indicó que se debe garantizar el acceso a la administración y a sus funcionarios. Considera la corte que es dable aplicar criterios de diferenciación en ciertos casos en los cuales sea necesario equilibrar las posiciones de las partes, más no de discriminación. 5. PRINCIPIO DE MORALIDAD El Estado debe mantener la moralidad social en el cumplimiento de sus fines. Se basa los postulados constitucionales de los artículos 34, 67 y 88, este último indicando las acciones populares que proceden para invocar situaciones donde está comprometida la moral administrativa. En el mismo sentido el Profesor Atehortúa Ríos, indica que la moral administrativa “alude a la obligación que tienen todas las entidades estatales y los particulares que administran recursos del Estado o los que cumplen funciones públicas para actuar sólo motivados por las razones del servicio, la protección a los usuarios, y la defensa de los intereses estatales. La violación del principio de moralidad se asocia a todas las actuaciones de las personas cuya motivación es diferente de los fines del servicio y además actúa con una clara violación de los mandatos legales.
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6. PRINCIPIO DE EFICACIA La Corte Constitucional manifestó que la eficacia consistía en alcanzar los logros propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e individuales. En virtud de la eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad y que, por lo tanto, las autoridades deben remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias.
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  • Spring '19
  • sara smith
  • Contrato, Administración Pública, Acto jurídico, Persona jurídica, Derecho administrativo

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