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70 En ese sentido, la jurisprudencia ha destacado que el contenido de los artículos 8°, 49, 79 y 80 de la Constitución Política del 91, constituyen el basamento de mayor relevancia en materia ambiental, los cuales a su vez se proyectan sobre las demás disposiciones que tratan la materia. Bajo dicho articulado Constitucional, es que la Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: “ (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público , erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección”. 13 (Negrillas fuera del texto) En ese orden de ideas, a la luz del articulado Constitucional, es claro que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, y fomentar la educación ambiental para el logro de estos fines. En razón de este último deber, esto es, fomentar la educación ambiental, se encauza el Manual de Silvicultura Urbana por virtud de su divulgación y difusión, aparte de velar por la conservación, protección, restauración, renovación, recuperación y mejoramiento de las zonas verdes de la ciudad de Cali, cumpliendo con su papel pedagógico. De esta manera, concreta el artículo 95 de la Carta Política según el cual, toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano está en “[p]roteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” (núm. 8°). Ahora bien, es de resaltar que el Manual de Silvicultura Urbana se sujeta plenamente al ordenamiento jurídico (principio de jerarquía como corolario del principio de legalidad), del cual se deriva, de contera, su competencia por las siguientes razones: El artículo 313 de la Carta Política faculta a los Concejos municipales para dictar normas para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 13 Corte Constitucional. Sentencia C-632 de 2011, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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