y energéticos en territorios indígenas, lo que ha intensificado los conflictos en la región (CEPAL, 2014). Los
diferentes mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,
incluidos los relatores especiales, han establecido recomendaciones y orientaciones detalladas para la adecuada
implementación del deber estatal de consulta como procedimiento para respetar el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas.
Capítulo III
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Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
b) Desigualdades persistentes y desafíos de la diversidad
Los procesos de inclusión de los pueblos indígenas en las agendas públicas han favorecido el mejoramiento
de sus condiciones de vida, lo cual ha sido constatado con datos empíricos durante la década de 2000. Es así
como se registran avances significativos en los países de la región respecto a la reducción de la mortalidad
infantil y en la niñez (véase el apartado 4 de esta sección) y a las oportunidades de acceso de los niños, niñas
y jóvenes indígenas al sistema educativo, así como a la puesta en marcha de programas de salud y educación
interculturales y avances en el desarrollo de los sistemas propios de los pueblos indígenas, como la instalación
de universidades indígenas en varios países (CEPAL, 2014). A partir del análisis de la información censal de
las rondas de 2000 y 2010, se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, un aumento significativo de la asistencia
escolar, un incremento de la permanencia en el sistema educativo y una reducción de las brechas de género
en los pueblos indígenas. Sin embargo, las desigualdades étnicas siguen vigentes. Muestra de ello es que
las áreas más desfavorecidas en los indicadores educativos suelen coincidir con los territorios indígenas. En
particular, las brechas étnicas de acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo continúan
siendo muy altas en el nivel superior, lo que constituye un serio obstáculo para el desarrollo personal de los
jóvenes indígenas y de sus propias comunidades (CEPAL, 2014).
La pobreza por ingresos es un indicador que resume de manera contundente lo expuesto. La información
fragmentaria, como la que se presenta en el recuadro III.6 en el caso de Chile, permite observar que la reducción
de la pobreza se ha extendido también a los pueblos indígenas. El Paraguay observa en su informe nacional
que, si bien la pobreza ha ido disminuyendo en este país, los datos disponibles de 2017 revelan que las tasas
de pobreza y extrema pobreza en los pueblos indígenas ascienden a un 66,2% y un 34,4%, respectivamente,
cifras muy superiores a la media nacional. En el informe también se señala que la situación de pobreza y
extrema pobreza que afecta a la mayoría de las comunidades “está íntimamente vinculada con la pérdida o
la falta de acceso y control sobre sus tierras, territorios y recursos naturales” (Gobierno del Paraguay, 2018).
Hacia 2016, como se aprecia en el gráfico III.29, con independencia del nivel de pobreza que presenta
cada país, aquella que afecta a los pueblos indígenas sigue siendo sistemáticamente superior
149
. El Brasil y
